Por: Mariana Guadalupe Estrada Mireles
El reciente encuentro internacional en Accra, Ghana, enmarcado en el avance de la resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que declara la trata transatlántica de esclavos como el más grave crimen de lesa humanidad, marca un punto de inflexión para el Sur Global. Más allá de los actos simbólicos y las representaciones dramáticas de la memoria histórica que tuvieron lugar a las afueras de las antiguas fortalezas de retención en Accra, la conferencia subraya una realidad ineludible, como lo es la necesidad de transitar de la narrativa del reconocimiento hacia el diseño de marcos institucionales de justicia reparatoria, derechos humanos y desarrollo territorial.
Esta agenda multilateral no es ajena a América Latina; Colombia, como una de las naciones con mayor diversidad étnica y con la tercera población afrodescendiente más grande de la región, ha sido históricamente un actor clave en las discusiones sobre inclusión, diversidad y derechos humanos, fundamentado en un robusto marco constitucional como lo es la Ley 70 de 1993 (también llamada Ley de Comunidades Negras, siendo el marco jurídico fundamental en Colombia que reconoce los derechos étnicos, culturales y territoriales de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras) y los desarrollos jurisprudenciales posteriores.
Sin embargo, la efectividad de los compromisos adquiridos en escenarios globales se pone a prueba en los contextos locales de transición política. Con el cierre de la jornada electoral presidencial en Colombia y ante el nuevo panorama post-electoral (definido por un escenario democrático altamente competitivo entre las opciones representadas por Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda), el debate fundamental debe elevarse hacia la sostenibilidad de las políticas de Estado.
Más allá de los balances institucionales, esta transición electoral de 2026 invita a reflexionar sobre la profunda dimensión subjetiva y emocional que atraviesa a la ciudadanía en los procesos democráticos contemporáneos. Cuando la competencia electoral es tan estrecha, es natural que las expectativas colectivas generen sensibilidades encontradas en la vida cotidiana, evidenciando que la política actual no solo moviliza ideas, sino también identidades y afectos. Este panorama nos llama a pensar en la importancia de preservar la cohesión social, evitando que las legítimas diferencias de opinión desplacen los lazos de convivencia y los espacios comunes que nos unen como sociedad.
Al final, la madurez democrática de un país no se mide únicamente en la capacidad técnica de procesar votos en una urna, sino en la resiliencia de su tejido social para tramitar pacíficamente la incertidumbre y la diversidad de visiones tras una campaña. El gran reto para la administración entrante radica en la capacidad de generar puentes de unidad a través del fortalecimiento de la institucionalidad. La garantía de los derechos humanos, la continuidad de las agendas de equidad social y el cumplimiento de los tratados internacionales no deben ser entendidos como banderas de un único sector, sino como los pilares compartidos de la gobernanza y de la democracia deliberativa.
Los sucesos de Ghana nos recuerdan que la memoria histórica y la justicia reparatoria son compromisos globales de largo aliento. Para Colombia, el desafío inmediato de su agenda pública radica en la prolongación de las tensiones electorales, sino la capacidad de sus instituciones y de su propia ciudadanía para garantizar que el Estado siga siendo un garante confiable de los derechos, la equidad y el desarrollo de todas sus comunidades en la escena internacional.
Internacionalista, investigadora y consultora especializada en comunicación científica con enfoque social. Actualmente realiza sus estudios doctorales en Sociedad y Cultura Caribe en Barranquilla, Colombia. Su línea de investigación se centra en el diseño de modelos de cocreación entre redes culturales independientes e institucionalidad pública.
Es fundadora y directora de Akira Research, un laboratorio creativo dedicado a la apropiación social del conocimiento y la traducción de información técnica compleja para comunidades locales, colaborando con organizaciones internacionales como Heifer International México. Con un perfil interdisciplinario que integra el rigor metodológico de las Relaciones Internacionales y una formación continua en danza, enfoca su trabajo en tender puentes horizontales de gobernanza, visibilizar los saberes territoriales y democratizar el acceso al conocimiento en el Sur Global.
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